Amanece este domingo con la noticia, según RPP, de dos muertos, 94 heridos y 63 hospitalizados anoche en Lima durante la segunda gran marcha nacional en contra de la encargatura de Manuel Merino de Lama y las acciones del Congreso de la República y el recién nombrado gobierno de transición. Se imponen decisiones apremiantes.
No puedo salir a la plaza de San Martín con mi cacerola, pero puedo unirme a todos los peruanos que hoy exigen que esta situación termine cuanto antes. No se puede ignorar el clamor del pueblo, que con su sentido común comprende perfectamente que dos de los tres poderes del Estado han sido usurpados y aglutinados en una maniobra ilegal por parte de un grupo que aúna intereses económicos y empresariales con ambiciones de poder.
Hago mías las palabras de Mons. Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, que ayer dijo ayer 14 de noviembre en entrevista concedida a RPP: “No es ético decir que la gente es ignorante o es utilizada. Debe encontrarse una salida escuchando la visión y preocupación de un pueblo en estas manifestaciones; un pueblo que lo que quiere es resucitar”.
Desde Indiana, en el corazón de la Amazonía peruana, hago oír mi voz cibernética y pido que se rectifique. Que acabe inmediatamente la represión y cese la violencia. Que no haya más disparos desde ninguno de los frentes. La vida de nuestro pueblo debe ser defendida por encima de toda idea política o pretensión personal o partidista. Los derechos humanos son inalienables en toda situación, y espacialmente en momentos de crisis como éste.
Pido a las instituciones del Estado que rectifiquen el error que ha llevado a esta explosión de indignación popular. Pido al señor Manuel Merino que renuncie, y lo mismo al gobierno interino con su primer ministro a la cabeza. Pido que la destitución del presidente Martín Vizcarra sea revocada y él, junto con su gobierno, restituidos en sus cargos al menos cautelarmente.
Pido que el Tribunal Constitucional se pronuncie inmediata e inequívocamente sobre el carácter, constitucional o no, de las dos mociones de vacancia realizadas contra el presidente Martín Vizcarra y, en consecuencia, sobre la validez legal o no de las consecuencias de la segunda. Asimismo, que emita un dictamen legal claro y transparente sobre la figura de “incapacidad moral permanente”. Luego de lo ocurrido es inexcusable precisar su contenido y/o, eventualmente, proponer eliminarla de la Constitución a fin de evitar futuros abusos y arbitrariedades.
Pido también que se active una reforma constitucional a fin de asegurar que en todo momento, y especialmente en situaciones de crisis y debilitamiento de las instituciones como la que vive el país, se respete la separación de poderes, que es pilar fundamental de la democracia y el estado de derecho. Se han de evitar en el futuro circunstancias marcadas por una concentración de poderes como la actual.
Pido también que las instituciones del Estado aseguren que el calendario electoral se mantiene y que, por tanto, se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas el próximo 11 de abril, como marca la Ley.
Como afirman los Obispos del Perú en su reciente comunicado, “Es urgente también, continuar y promover la lucha contra todos los rostros de la corrupción que ha revelado un cáncer social que definitivamente hay que curar; por ello, no debemos detenernos. El compromiso y la responsabilidad de las autoridades debe reafirmar esta lucha para lograr un Perú más transparente y más justo; porque “para hacer posible el desarrollo de una comunidad, … hace falta la mejor política al servicio del bien común””. (Fratelli Tutti 154)
Logremos una salida entre todos, como pide Mons. Castillo. “Si el edificio está mal construido se debe comenzar desde la base. Necesitamos una ancha base” para recrear la democracia, y para ello busquemos “a las mejores personas para asumir responsabilidades”. El Espíritu de Jesús vibra en nosotros, se expresa en el sentir del pueblo y en su deseo de hacer un nuevo camino a través del diálogo. Rectificar es de sabios.
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