En el río Putumayo profundo y lejano tenemos, desde hace más de sesenta años, un internado para jóvenes. Bueno… teníamos, porque el Estado nos lo ha quitado, en un ejemplo supremo de miopía institucional y necia rigidez. Resulta que las autoridades han empeorado las condiciones de vida de los estudiantes más vulnerables… con el fin de cumplir las nuevas leyes educativas.
Las Misioneras Parroquiales del Niño Jesús de
Praga, brava congregación de las primeras que llegaron al Vicariato, en 1959,
son las dueñas de la Residencia Estudiantil “Madre Angélica”, nuestro querido “internado”
ahora desierto. En aquella época simplemente no existía la educación en estos
territorios casi ignotos, el Estado no había llegado; fue la Iglesia la fundadora
de escuelas, colegios y por supuesto, el internado.
Esta institución fue concebida desde su inicio
como la oportunidad de cursar estudios para chicos y chicas de las
comunidades lejanas. El Putumayo supera los 1300 kilómetros de longitud en
territorio peruano, marcando la frontera con Colombia, y las distancias son tan
enormes, que la única manera de que los alumnos de las comunidades pudieran
proseguir en secundaria y soñar con una formación superior era venir a Estrecho
a vivir en el internado.
Acá se les proporcionaba casa, manutención y,
lo más importante, una segunda familia. Los papás y mamás dejaban a sus
hijos “con las hermanas”, seguros de que, más allá del aspecto académico, en el
internado recibirían una buena educación en valores. Las religiosas se
entregaron con amor y delicadeza a los chicos y chicas; durante décadas les
cuidaron, aconsejaron, recibieron sus lágrimas, escucharon las crisis
adolescentes como auténticas madres. Siempre había un jaboncillo, unas
sandalias, un cuaderno o una ropita para quien no recibía de sus papás porque
la pobreza arreciaba.
Y así se han formado cuatro generaciones de
jóvenes, con la figura de referencia de la hermana Guadalupe Filiberto,
auténtica alma de este proyecto al que dedicó 50 años de su vida, que es
historia de la misión en este río. Ella me contaba cuántas noches se quedaba
vigilando la valla del internado con un palo en la mano para disuadir a los
pretendientes de las chicas que intentaban ingresar furtivamente. Lupita falleció el pasado 19 de marzo… felizmente no ha tenido que asistir a este despropósito
inaceptable.
Con el tiempo, el colegio primario, el secundario,
el tecnológico y el resto de la educación en Estrecho fueron pasando de la
Iglesia al Estado; solo quedó el internado, pero funcionando en convenio con la
Dirección Regional de Educación, que proveía de profesionales y ayudaba con
la alimentación. El resto lo seguían aportando las Misioneras Parroquiales y el
Vicariato, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones, la construcción de
nuevos ambientes y el equipamiento.
En el año 2021, una resolución ministerial
instauró la modalidad colegio-residencia, que permite a estudiantes de
zonas rurales e indígenas vivir e internarse en su centro de estudios. Un año
después, el Congreso priorizó por ley este modelo: determinados colegios
debían incluir la residencia en sus instalaciones, y el personal debía ser
único. Acá empezaron los problemas. En Estrecho, el colegio y la residencia
eran desde hace años dos entes independientes, pero ahora de pronto tenían que
organizarse para trabajar coordinadamente, sobre todo en lo referente a los
promotores de bienestar, gestores educativos, trabajadores de cocina,
guardianía, etc.
La UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local)
empezó a pelotear a las hermanas a la hora de renovar el convenio. En
mis estancias navideñas yo mismo fui testigo, varios años, de los retrasos,
observaciones, trabas, silencios administrativos… Y todo para
firmar convenios anuales que después ellos incumplían sistemáticamente: profesores
que debían de repente reubicarse en el colegio, obstáculos para que la
Congregación pudiera participar en el proceso de contratación, partidas de
alimentos no recibidas… De todo. Las hermanas estaban ya cansadas.
(Continúa en
la próxima entrada)
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